Adhesión a Nota sobre Proyecto de Libertad Religiosa

El Grupo CyTA adhiere a la carta que se adjunta a continuación elaborada por la Alianza de abogadas/os por los DDHH de las mujeres dirigida a las/los diputados que integran las Comisiones de Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto; Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda en rechazo al Proyecto de Ley sobre Libertad Religiosa presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 12 de junio bajo el número 0010/PE/2017.

Asimismo, se reciben firmas hasta el día lunes 3 de julio a ecardenas@cels.org.ar
La carta a la cual se adhiere expresa:


Buenos Aires, 3 de julio de 2017

A las Sras./es Diputadas y Diputados de la Nación
de las Comisiones de
Relaciones Exteriores y Culto;
Legislación Penal y
Presupuesto y Hacienda
S / D

REF: Rechazo al proyecto de ley 0010/PE/2017

De nuestra mayor consideración,

La Alianza de Abogadas/os por los Derechos Humanos de las Mujeres, espacio que reúne a más de 200 abogadas/os de todo el país, junto a las organizaciones y personas abajo firmantes, nos dirigimos a ustedes para manifestarles nuestro absoluto rechazo al Proyecto de Ley sobre “Libertad Religiosa” presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 12 de junio bajo el número 0010/PE/2017 y remitido a sus Comisiones

El proyecto, por un lado, contradice obligaciones internacionales del Estado argentino al establecer una protección a la libertad religiosa que sólo repercutiría en el menoscabo de los derechos humanos de una amplia franja de la población, al habilitar y proteger la imposición de una serie de creencias religiosas que ahora pretende avalar el Estado. Por otro lado, esta iniciativa de ley viene a modificar de manera radical y fundamental, una regla constitucional básica en todo Estado de Derecho, como es el principio de neutralidad estatal.

Los conceptos de Estado de Derecho y laicidad estatal o estado laico están entrelazados y uno no es posible sin el otro. El desarrollo, avances y consolidación de la obligada perspectiva de Derechos Humanos a la que estamos obligadas/os en virtud de nuestro texto constitucional, encuentra entre sus cimientos la defensa por la neutralidad religiosa. De este modo, el Estado no puede argumentando defender una falsa “libertad religiosa”, imponer determinadas preferencias y privilegios a ciertos credos, obligando a las personas y comunidades a seguir principios y reglas propias de religiones a las que no adhieren ni practican. Precisamente, la laicidad impone un deber de neutralidad estatal, por la cual el Estado no impone o promueve determinados cultos. [1]

Consideramos que el proyecto en su totalidad es problemático y alarmante, destacando a modo de ejemplo dos cuestiones hábiles para visualizar tal gravedad al poner en riesgo principios básicos para el respeto y garantía de los derechos humanos.

En primer lugar, observamos de manera harto crítica la regulación de la objeción de conciencia prevista en el art. 7 del proyecto. Los derechos de las mujeres y de tantos otros colectivos sistemática e históricamente discriminadas/os han podido ser reconocidos y protegidos en atención al imperativo legal de ser atendidos sin limitación, impedimento u objeción alguna. Por otro lado, con la regulación que se imprime en este articulado se pretende admitir una supuesta “convicción religiosa o moral” cuando es sabido que a la luz de lo dispuesto en el art. 19 de la Constitución Nacional, todas las cuestiones de índole morales “quedan sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”, es decir, no están sujetas a regulación alguna como se pretende defender en el proyecto en análisis, conculcándose el derecho humano a la libertad, privacidad y la no injerencia estatal. Máxime, cuando se establece una previsión muy amplia y por ende, a favor de la objeción de conciencia al sostenerse: 1) que “La buena fe del objetor se presume por la disposición a cumplir una prestación alternativa razonable, o por la existencia de una norma obligatoria expresa impuesta por la entidad religiosa a la que pertenezca de modo comprobado el objetor”; 2) que “El objetor no podrá recibir sanción ni sufrir discriminación alguna por el ejercicio de su derecho” y 3) que la objeción de conciencia puede ser ejercido en una gran cantidad de ámbitos como: “prestación del servicio militar, cumplimiento de tareas profesionales en el ámbito sanitario, sometimiento a tratamientos médicos, homenaje activo a símbolos patrios, juramentos, actividad laboral o escolar en días de fiesta o descanso religioso; ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente Ley en materia de adecuación razonable en los ámbitos pertinentes”; articulado este último que se refiere a la “adecuación razonable” de un supuesto derecho como lo es la objeción de conciencia, que de por sí tiene límites indefinidos o indeterminados; por lo cual es proclive a habilitar y justificar el incumplimiento de una gran cantidad de obligaciones jurídicas que repercutirían en flagrantes violaciones a los derechos humanos de las mujeres así como de toda persona que no profese culto alguno.

Asimismo, también miramos con preocupación lo propuesto en el Art. 2, en particular en el inciso L, que establece el derecho de padres, madres o tutores “a impartir y elegir para sí, o para los menores, incapaces o personas con capacidad restringida cuya representación legal ejerzan, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias creencias o convicciones, e impedir que reciban enseñanzas o participen en prácticas contrarias a ellas”. Esta previsión atenta, por un lado, contra lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), documento que ostenta jerarquía constitucional en virtud de la Ley 27044/2014. Según lo determina esta Convención en su Art 19, las personas con discapacidad tienen el “Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad”, por lo que su voluntad no puede ser lisa y llanamente, reemplazada sin más, ya que este tratado se inspira, además, en el reconocimiento del derecho a la autonomía de las personas con discapacidad y el principio de autonomía progresiva de los/as niñas y adolescentes.[2]

En esta misma línea, esta estipulación vulnera los principios de derechos humanos que rigen los derechos de los niños, niñas y adolescentes: la Convención sobre los Derechos del Nino (CDN), sancionada en el año 1990 y con jerarquía constitucional (art. 75 inciso 22) que enarbola el principio del interés superior del niño, premisa fundamental para la interpretación y la aplicación de todo el espectro de normas jurídicas. El ordenamiento jurídico les confiere a los/as niños y niñas una especial protección en virtud de su condición de vulnerabilidad y de encontrarse en pleno desarrollo de sus potencialidades. Deben ejercer sus derechos de acuerdo con su edad y grado de madurez. Este principio ha sido recogido por el Código Civil y Comercial. y Comercial de la Nación. Sólo a modo ilustrativo, mencionamos el art. 646 enuncia que como deberes y derechos de los progenitores: “considerar las necesidades específicas del hijo según sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo madurativo; respetar el derecho del niño y adolescente a ser oído y a participar en su proceso educativo, así como en todo lo referente a sus derechos personalísimos y prestar orientación y dirección al hijo para el ejercicio y efectividad de sus derechos.”; o el art. 639 que al fijar los principios sobre los que se estructura la función parental establece: “…a) el interés superior del niño; b) la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo; c) el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez”. Asimismo, la obturación de reconocimiento de los/as niños/as como sujetos/as de derechos basados en motivos religiosos o morales, en relación con su educación, viene siendo un eje observado en reiteradas ocasiones por diferentes organismos de derechos humanos.

Así, por ejemplo, el Relator Especial sobre el Derecho a la Educación (ONU), Vernor Muñoz (2010), analizó el impacto negativo de una serie de construcciones culturales y religiosas que obturan el reconocimiento y acceso a la salud sexual y reproductiva de parte de jóvenes y adolescentes.

La sexualidad es una actividad inherente a los seres humanos, que abarca múltiples dimensiones personales y sociales. Sin embargo, esta actividad suele permanecer oculta o exclusivamente ligada a la reproducción, por diferentes motivos, tanto culturales, como religiosos o ideológicos, que en su mayoría están relacionados con la persistencia del patriarcalismo (Párr. 5).

El Estado moderno, en tanto construcción democrática, debe velar para que la totalidad de sus ciudadanos y ciudadanas accedan a una educación de calidad, sin permitir que las diversas instituciones religiosas establezcan patrones de educación o de conducta que se pretenden aplicar no sólo a sus fieles, sino a la totalidad de la ciudadanía, profesen o no esa religión. Consecuentemente, el Relator Especial ha tomado nota, con especial preocupación, de diversos episodios en los que en nombre de concepciones religiosas se ha dificultado la educación sexual. El Relator se permite reiterar que una educación integral es garantía de un ambiente democrático y plural” (Párr. 6).[3]

En paralelo, es de destacar que en el último año dos Comités de las Naciones Unidas se han manifestado en relación a este tema. En este contexto normativo supralegal, fácil se advierte que el proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional contradice palmariamente estas recomendaciones.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones manifestó su preocupación por que el aborto legal resulta muchas veces inaccesible por la falta de instrumentación de protocolos médicos, del ejercicio individual de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud u otros obstáculos de facto. En este sentido, este organismo internacional insto al Estado argentino a asegurar que todas las mujeres y niñas puedan acceder a los servicios de salud reproductiva en todas las regiones del país y que las barreras legales, el ejercicio de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud y la falta de protocolos médicos no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su salud en riesgo. [4]

Por su parte, el Comité CEDAW en su última evaluación a la Argentina manifestó su preocupación por la frecuente negativa de médicos a practicar abortos legales por razones de conciencia, e igualmente instó al Estado a definir y aplicar requisitos estrictos de justificación para prevenir el uso general de la objeción de conciencia por parte de los/as médicos/as que se niegan a practicar abortos.[5]

Por estas razones basadas en la justicia social y como personas y colectivos comprometidos/as con la defensa de los derechos humanos en un ámbito plural y democrático que hemos forjado en nuestro país, solicitamos a las y los diputados/as de la Nación integrantes de las comisiones mencionadas, rechazar de plano la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo Nacional, en virtud de la afectación directa y cabal a los derechos fundamentales que tal iniciativa implica para amplias franjas de la población argentina, en especial, para las mujeres, niñas/os y adolescentes, así como toda persona que no adhiera a culto alguno.

[1] En este sentido vale remarcar el compromiso asumido por el Estado argentino al suscribir el Consenso de Montevideo en la Primera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, donde los Estados de la región “Reafirma[n] que la laicidad del Estado es también fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la profundización de la democracia y la eliminación de la discriminación contra las personas”

[2] Art. 3 CPD Principios Generales: Reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, o) Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente (…).

[3] Informe del Relator Especial de ONU sobre el derecho a la educación, Vernor Muñoz, -A/65/162- 23 Julio de 2010.

[4] Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Argentina, publicadas el 10 de agosto de 2016. CCPR/C/ARG/CO/5

[5] Observaciones Finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina, publicadas el 25 de noviembre de 2016. CEDAW/C/ARG/CO/7).

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Novedades Proyecto De Ley de Financiamiento De CyT

Estimada/Estimado Colega

Hoy fue una gran jornada en la Comisión de Ciencia y Técnica de la Cámara de Diputados de la Nación. Con gran participación de científicos de todo el país, y la entrega de las 2650 firmas, se acompañaron las iniciativas de varios diputados tendientes a sancionar una ley que garantice el financiamiento estable y creciente del sistema de CyT.

Hubo dos instancias importantes de debate y exposición. Una previa al ingreso de todos los diputados y una en presencia de los mismos. Varios miembros de CyTA y de otros colectivos expusieron las razones y argumentos que sustentan la necesidad de invertir una fracción significativa del PBI en CyT. Quedó claro que sin esta inversión nuestro país no puede desarrollarse y alcanzar niveles mayores de bienestar para su pueblo. Tenemos el agrado de informar que con 20 firmas de diputados de distintos bloques, hubo despacho favorable de la Comisión de CyT (con disidencias parciales de los diputados del PRO), sobre el proyecto presentado  por el diputado De Pedro (FPV), que se puede leer en este link http://bit.ly/2rWLTAA .

Consideramos que este es un logro muy  importante no sólo para revertir las políticas de ajuste sino para garantizar un financiamiento y crecimiento sostenido del sistema. El trámite deberá seguir en otras dos comisiones: Peticiones, Poderes y Reglamentos, y  Presupuesto y Hacienda, antes de ir al plenario.

Compartimos la cobertura de la actividad de Página 12 y del Portal Notas – Periodismo Popular .

Les agradecemos a los que acompañaron con su firma esta iniciativa.

Grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA)
Investigación y Desarrollo para la Inclusión

Miembros: Adrián Paenza; Alberto Kornblihtt; Ana Franchi; Andrea Gamarnik; Andrés Kreiner; Carolina Mera; Daniel Filmus; Diego Hurtado; Diego Tatian; Dora Barrancos; Eduardo Dvorkin; Emmanuel Alvarez Agis; Federico Robledo; Felix Requejo; Fernanda Beigel; Graciela Morgade; Hugo Aimar; Jorge Aliaga; Jorge Geffner; José Paruelo; Juan Pablo Paz; Luis Alberto Quevedo; Marcelo Ruiz; Marisa Herrera; Mirta Susana Iriondo; Noé Jitrik; Osvaldo Uchitel; Pablo Nuñez; Raquel Chan; Roberto Salvarezza; Rolando González-José; Sandra Carli

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Video Adrián Paenza. “Por una Ley de financiamiento de la Ciencia y la Tecnología”

Adrián Paenza cuenta porqué apoya el tratamiento de una Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Técnica.

 
https://youtu.be/wyHmb-d1ss0


Investigadores repudian el ajuste en ciencia y reclaman una ley de financiamiento

Ante la crítica situación que vive hoy el sistema científico-tecnológico nacional, consecuencia del ajuste presupuestario que viene sufriendo hace 18 meses, este martes a las 16hs se convocarán un conjunto de científicos, referentes de organismos del sector, investigadores y becarios de todo el país, en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Durante la reunión se debatirán una serie de proyectos vinculados al financiamiento del área.

“El sistema científico nacional fue uno de los primeros sectores perjudicados por el ajuste que está llevando a cabo el gobierno nacional. Disminuyeron las vacantes ​para el ingreso a la carrera del​ investigador por parte de jóvenes investigadores y se redujeron los flujos de fondos adecuados para la ejecución de proyectos” sostienen los referentes de la ciencia argentina.

En este contexto, los científicos e investigadores junto a diputados y senadores del Frente para la Victoria-PJ impulsan varios proyectos de ley que tienen por finalidad salvaguardar el desarrollo del sistema científico-tecnológico nacional y garantizar​ la inversión estatal en ciencia, tecnología e innovación. Específicamente, promueven una ley de financiamiento que destine un porcentaje del producto bruto interno (PBI), cuyo incremento sea gradual hasta el año 2030 a favor de este sector esencial para el desarrollo del país.

La convocatoria es para el Martes 27 de junio del corriente año, a las 16 horas (Sala 1, 2° Piso, Edificio Anexo Diputados) donde los investigadores y científicos expondrán el estado de situación de la ciencia y tecnología en la Argentina y posteriormente, participaran de la reunión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de las 17:30 hs en donde los diputados debatirán dichos proyectos.

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Martes 27/06 – Reunión Comisión de CyT de Diputados – Entrega de adhesiones a Ley de Financiamiento

“Por una Ley de financiamiento de la Ciencia y la Tecnología”       Investigadores repudian el ajuste en ciencia y reclaman una ley de financiamiento

Martes 27 de junio del corriente año, a las 16 horas (Sala 1, 2° Piso, Edificio Anexo de la H. Cámara de Diputados)

Ante la crítica situación que vive hoy el sistema científico-tecnológico nacional, consecuencia del ajuste presupuestario que viene sufriendo hace 18 meses, este martes a las 16hs se convocarán un conjunto de científicos, referentes de organismos del sector, investigadores y becarios de todo el país, en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Durante la reunión se debatirán una serie de proyectos vinculados al financiamiento del área.
“El sistema científico nacional fue uno de los primeros sectores perjudicados por el ajuste que está llevando a cabo el gobierno nacional. Disminuyeron las vacantes ​para el ingreso a la carrera del​ investigador por parte de jóvenes investigadores y se redujeron los flujos de fondos adecuados para la ejecución de proyectos” sostienen los referentes de la ciencia argentina.
En este contexto, los científicos e investigadores junto a diputados y senadores del Frente para la Victoria-PJ impulsan varios proyectos de ley que tienen por finalidad salvaguardar el desarrollo del sistema científico-tecnológico nacional y garantizar​ la inversión estatal en ciencia, tecnología e innovación. Específicamente, promueven una ley de financiamiento que destine un porcentaje del producto bruto interno (PBI), cuyo incremento sea gradual hasta el año 2030 a favor de este sector esencial para el desarrollo del país.
La convocatoria es para el Martes 27 de junio del corriente año, a las 16 horas (Sala 1, 2° Piso, Edificio Anexo Diputados) donde los investigadores y científicos expondrán el estado de situación de la ciencia y tecnología en la Argentina y posteriormente, participaran de la reunión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de las 17:30 hs en donde los diputados debatirán dichos proyectos.

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PARA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

El pasado viernes 9 de junio se desarrolló en el CCT Mendoza una reunión organizada por el Colectivo Ciencia y Universidad -Ni un paso atrás- con el objetivo de promover un proyecto de Ley para el Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Además de miembros de la comunidad científica local y de la provincia de San Juan, participaron de la reunión la Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, Daniela Castro, el Diputado Guillermo Carmona, la Senadora Anabel Fernández Sagasti, el ex Presidente del CONICET, Roberto Salvarezza y la especialista en Derecho y asuntos legislativos, Marisa Herrera.

Luego de un diagnóstico y sistematización de los diferentes proyectos que ya fueron presentados en el parlamento y que, con diferencias, persiguen el objetivo de asegurar el financiamiento del sistema científico y tecnológico, se resolvió avanzar en una estrategia legislativa con diferentes alcances.

Por una parte, apoyar la presentación de un Proyecto de Garantía Presupuestaria, y por la otra, transmitir las observaciones concretas que surgieron de la jornada de trabajo sobre los proyectos ya presentados a fin de alcanzar un consenso lo más amplio posible para una Ley de Financiamiento.

Para promover esta iniciativa se redactó una nota a la Presidenta de la Comisión de Ciencia y Técnica y se resolvió participar de la próxima reunión de la Comisión prevista para el próximo 27 de junio en el Congreso Nacional. Para esa fecha, se espera convocar a científicos/as y universitarias/os de todo el país.

En el siguiente link https://goo.gl/forms/rkaR3QoBlOC5dlOy2 Usted podrá leer la nota y registrar su adhesión, colaborando así para manifestar nuestra posición como comunidad científica respecto del proceso de ajuste que sufre el sistema científico nacional.

Grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA)
Investigación y Desarrollo para la Inclusión

Miembros: Adrián Paenza; Alberto Kornblihtt; Ana Franchi; Andrea Gamarnik; Andrés Kreiner; Carolina Mera; Daniel Filmus; Diego Hurtado; Diego Tatian; Dora Barrancos; Eduardo Dvorkin; Emmanuel Alvarez Agis; Federico Robledo; Felix Requejo; Fernanda Beigel; Graciela Morgade; Hugo Aimar; Jorge Aliaga; Jorge Geffner; José Paruelo; Juan Pablo Paz; Luis Alberto Quevedo; Marcelo Ruiz; Marisa Herrera; Mirta Susana Iriondo; Noé Jitrik; Osvaldo Uchitel; Pablo Nuñez; Raquel Chan; Roberto Salvarezza; Rolando González-José; Sandra Carli


Texto de la Nota:

Mendoza, 9 de junio de 2017

A la Sra. Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de laHonorable Cámara de Diputados de la Nación

Lic. Sandra Daniela Castro

S                      /                  D

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted en el carácter de integrantes (personas y organizaciones) del sistema científico y tecnológico nacional, a los fines de hacerle llegar nuestros aportes a los proyectos de ley presentados en la comisión a su digno cargo relacionados con el financiamiento del sistema nacional de ciencia y tecnología.

Los aquí firmantes hemos tomado conocimiento y analizado los siguientes proyectos de ley por orden temporal descendiente: 1) proyecto 1147-D-2017 (http://bit.ly/2sxu9No) presentado por los diputados Luis María, BARDEGGIA, José Alberto CIAMPINI, Juan Manuel PEDRINI y Eduardo Jorge SEMINARA; 2) el proyecto 7673-D-2016 (http://bit.ly/2rWDY6v) presentado por los diputados Carlos Gustavo RUBIN, Néstor Nicolás TOMASSI, Teresita MADERA, Luis Beder HERRERA y Gustavo José MARTINEZ CAMPOS y 3) proyecto 1514-D-2016 (http://bit.ly/2rWLTAA) presentado por los diputados Eduardo E. DE PEDRO, Juan Manuel HUSS, Mauricio Ricardo GOMEZ BULL, Marcos CLERI, Eduardo Jorge SEMINARA, Luana VOLNOVICH, Alejandro RAMOS, Máximo C. KIRCHNER, Nilda C. GARRE, Walter Marcelo SANTILLAN, Jorge Rubén BARRETO, Daniel DI STEFANO, Axel KICILLOF, Sandra Daniela CASTRO y Mayra Soledad MENDOZA.

En primer lugar y de manera general, venimos a expresar, acompañar y agradecer la presentación de este tipo de iniciativas legislativas que tiene por finalidad salvaguardar el desarrollo del sistema científico- tecnológico nacional que vivió un período de expansión y consolidación y se encuentra ahora en una situación crítica de conformidad con las políticas de recorte y ajuste que se vienen llevando delante de manera sostenida desde hace un año y medio.

En este contexto, resulta imperativo contar con una herramienta legal que garantice la inversión estatal en ciencia, tecnología e innovación mediante una ley de financiamiento que destine un porcentaje mínimo del producto bruto interno (PBI), cuyo incremento sea gradual a favor de este sector esencial para el desarrollo del país.

De la lectura y análisis de los proyectos de ley individualizados, nos parece pertinente señalar dos consideraciones que a nuestro entender debería prever una normativa de estas características.

La primera, se refiere a la importancia de que el objeto de la ley sea el financiamiento integral del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de conformidad con lo dispuesto en los arts. 4 y 14 de la ley 25.467 (http://bit.ly/2rWksqW); es decir, con la amplitud e integración de todos los organismos que allí se mencionan.

La segunda, la necesidad de establecer algún mecanismo para resguardar el financiamiento en el supuesto que el producto bruto interno no crezca. En este sentido, entendemos que sería pertinente receptar una disposición que siguiera la postura que adopta el proyecto de ley 1478/2017 (http://bit.ly/2rrF1rE) presentado en la otra cámara por el senador Omar Angel PEROTTI y los siguientes firmantes: Juan Manuel IRRAZÁBAL, Carlos Mauricio ESPÍNOLA, José A. OJEDA, Ruperto Eduardo GODOY, Alfredo Anselmo MARTÍNEZ, María Inés PILATTI VERGARA, Juan Manuel ABAL MEDINA, Walter Basilio BARRIONUEVO, Beatriz Graciela MIRKIN, Maria Teresa Margarita GONZALEZ, Marcelo Jorge FUENTES, Silvia Del Rosario GIACOPPO, Salvador CABRAL,  María Ester LABADO, María Cristina Del Valle FIORE VIÑUALES, Sigrid Elisabeth KUNATH y Inés Imelda BLAS cuyo art. 6 a) expresa: “a) En aquellos ejercicios donde no haya un incremento en el Producto Interno Bruto (PIB) en términos reales, los recursos destinados a la función ciencia y técnica no podrán nunca ser inferiores, en términos nominales al monto asignado en el año anterior ajustado por la inflación medida por el IPC del INDEC”.

Estos son los dos aportes concretos que se acercan en esta oportunidad en relación a los proyectos de ley a estudio de la comisión bajo su presidencia, a los fines de alcanzar una normativa en materia de financiamiento del sistema de ciencia y técnica que sea lo más integral y completa posible.

Por otra parte, de cara al debate del presupuesto nacional que se estaría desarrollando en septiembre próximo, se coloca de resalto la necesidad de contar con alguna herramienta legislativa en el corto plazo, hábil para garantizar un piso presupuestario estable para el funcionamiento del MINCyT, sus organismos asociados (CONICET, CONAE, etc) y la totalidad de las instituciones que conforman el sistema de CyT (INTA, INTI, CNEA, etc) , dada la situación que atraviesa el sector y, en particular, para revertir la disminución de vacantes de ingreso a la carrera de investigación por parte de jóvenes investigadores y asegurar el flujo adecuado de fondos para la ejecución de proyectos.

Sin otro particular, saludamos a Usted con nuestra más distinguida consideración, reiterando el agradecimiento por el espacio de diálogo que siempre se nos ha brindado.

PRESENTES

RICARDO VILLALBA-INVESTIGADOR SUPERIOR; RICARDO OJEDA-INVESTIGADOR SUPERIOR; ROBERTO SALVAREZZA-INVESTIGADOR SUPERIOR; MARISA HERRERA-INVESTIGADORA INDEPENDIENTE; FERNANDA BEIGEL, INVESTIGADORA INDEPENDIENTE; SILVANA VIGNALE, INVESTIGADORA ADJUNTA; GONZALO SCIVOLETTO, BECARIO POSDOCTORAL CCT Mendoza; ESTEBAN ZUNINO- BECARIO POSDOCTORAL CCT Mendoza; VICTOR ALGAÑARAZ (BECARIO POSDOCTORAL-San Juan); Ciencia y Universidad, ni un paso atrás (Mendoza)

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Festival Solidario por los presxs políticxs de Jujuy: sábado 20 de mayo de 16 a 23 horas.

Difundimos e invitamos a participar de esta actividad en apoyo a la libertad de Milagro Sala:

Festival Solidario por los presxs políticxs de Jujuy: sábado 20 de mayo de 16 a 23 horas. Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330 (CABA).

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16/05 – 17 hs. Marcha Federal Educativa

El Grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA) y Científicos y Universitarios Autoconvocados (CyUA) convocan a marchar desde Rivadavia 1917 (viejo CONICET) en defensa de la universidad pública, la ciencia y la tecnología.

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