EL GRUPO CyTA ANTE EL ATAQUE A LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS DEL INTI

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es un organismo descentralizado que resulta clave en la promoción del desarrollo industrial de nuestro país. Su capacidad y experiencia en el asesoramiento a PyMEs nacionales, en el mantenimiento de patrones de medición y estandarización, en la implementación de ensayos y el desarrollo de métodos de control de calidad a escala industrial son reconocidos en nuestro país y en el mundo. Desde diciembre de 2015, todo el sector científico y tecnológico argentino entró en una gran crisis prespuestaria. A modo de ejemplo baste recordar que la finalidad ciencia y técnica (que incluye tanto al INTI como a otras dependencias del estado) pasó de ocupar el 1.52% del total del presupuesto nacional en 2015 a un magro 1.22% en 2018. No es un hecho sorprendente sino una medida coherente con una política que promueve la desindustrialización y reprimarización de la economía argentina.

En estos días asistimos a un nuevo ataque al INTI y a sus trabajadores y trabajadoras, que deberían ser cuidados como parte del patrimonio científico y tecnológico del país. En lugar de hacer eso, las autoridades anunciaron el despido de más de 250 trabajadores y trabajadoras del organismo, muchos con una larga carrera en la institución. El número de despidos, cercano al 10% del total del personal, demuestra que el gobierno impulsa la destrucción del INTI.

Repudiamos los los despidos, nos solidarizamos con los trabajadores y las trabajadoras del INTI  y convocamos a la ciudadanía en general y a la comunidad científica en particular a resistir este agravio.

Al gobierno nacional le exigimos la reincorporación de los despedidos y despedidas y el cese de la política de vaciamiento del INTI. Asimismo, lo hacemos responsable por la integridad física de los trabajadores y trabajadoras de la Institución que se manifiestan en defensa del organismo, rodeados por fuerzas represivas que contínuamente los amenazan y provocan.

A nuestros conciudadanos los convocamos a defender al INTI y a sus trabajadores y trabajadoras, como una forma de defender el trabajo argentino y el desarrollo de la industria nacional.

A los trabajadores y las trabajadoras del INTI les decimos: ¡Estamos con Ustedes! Tienen nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestro abrazo. Cuenten con nuestra participación en la movilización en defensa del INTI y por la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras despedidos.

Grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA) Investigación y Desarrollo para la Inclusión

Miembros: Adrián Paenza; Alberto Kornblihtt; Ana Franchi; Andrea Gamarnik; Andrés Kreiner; Carolina Mera; Daniel Filmus; Diego Hurtado; Diego Tatian; Dora Barrancos; Eduardo Dvorkin; Emmanuel Alvarez Agis; Federico Robledo; Felix Requejo; Fernanda Beigel; Graciela Morgade; Hugo Aimar; Jorge Geffner; José Paruelo; Juan Pablo Paz; Luis Alberto Quevedo; Marcelo Ruiz; Marisa Herrera; Mirta Susana Iriondo; Noé Jitrik; Osvaldo Uchitel; Pablo Nuñez; Raquel Chan; Roberto Salvarezza; Rolando González-José; Sandra Carli.

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Contra la criminalización de la disidencia parlamentaria

El grupo CyTA reitera su preocupación frente al debilitamiento del estado de derecho en la República Argentina expresado en las brutales represiones de la protesta social y el encarcelamiento ilegal de dirigentes políticos y sociales. Se suma a la criminalización de la protesta social la criminalización de la disidencia parlamentaria, como lo demuestra la denuncia penal, realizada por el Gobierno Nacional, contra 11 diputados del Congreso de la Nación que los acusa de haber llevado a cabo el delito de “atentado agravado de funcionario público, resistencia o desobediencia, y encubrimiento”  por haber “entorpecido la actuación de la Gendarmería y franquearle la entrada a los manifestantes al Congreso”  el  14 de diciembre de 2017. Dicho día se debatía la reforma previsional en la cámara baja y el poder ejecutivo ordenó a través del Ministerio de Seguridad de la Nación una brutal represión contra los manifestantes.

Los 11 diputados denunciados son Nicolás del Caño, Myriam Bregman,  Marcos Cleri, Daniel Filmus, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Andrés Larroque, Mayra Mendoza,  Leopoldo Moreau, Horacio Pietragalla pertenecientes a diferentes bloques políticos.

De este modo, el propio Poder Ejecutivo de la Nación ordena reprimir y al mismo tiempo le solicita al Poder Judicial penalizar al sector político que cuestione el carácter represivo del aparato del Estado, generando una suerte de re-criminalización de la protesta social.  Construye, con esta decisión, un peligroso mensaje de judicialización de la disidencia.

Con esta acción el Gobierno Nacional muestra, nuevamente, su intolerancia frente a la condición de posibilidad de existencia de la democracia, esto es, la diversidad y pluralidad de voces en la construcción de la vida política.

El vertiginoso endeudamiento de nuestro país requiere el aval del FMI y que sus recomendaciones de ajuste de salarios jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales sean cumplidas estrictamente por el Gobierno. La represión y persecución política que lleva a cabo el Ministerio de Seguridad pretende dar un mensaje a los acreedores externos: el plan de ajuste del FMI se llevará a cabo cueste lo que cueste. El Gobierno transita así un camino de difícil retorno sin escuchar el reclamo de la Sociedad.

 

Grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA)
Investigación y Desarrollo para la Inclusión
Miembros: Adrián Paenza; Alberto Kornblihtt; Ana Franchi; Andrea Gamarnik; Andrés Kreiner; Carolina Mera; Daniel Filmus; Diego Hurtado; Diego Tatian; Dora Barrancos; Eduardo Dvorkin; Emmanuel Alvarez Agis; Federico Robledo; Felix Requejo; Fernanda Beigel; Graciela Morgade; Hugo Aimar; Jorge Geffner; José Paruelo; Juan Pablo Paz; Luis Alberto Quevedo; Marcelo Ruiz; Marisa Herrera; Mirta Susana Iriondo; Noé Jitrik; Osvaldo Uchitel; Pablo Nuñez; Raquel Chan; Roberto Salvarezza; Rolando González-José; Sandra Carli.

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Ajustes y recortes en el presupuesto 2018

El fin de año  nos enfrenta a una realidad agobiante. El gobierno del presidente Macri, fiel a su origen de clase e intereses, y traicionando cada una de sus promesas electorales, ha impuesto un brutal ajuste al ingreso de los jubilados y pensionados, transfiriendo una porción significativa de sus recursos hacia los que más tienen. Profundiza, de este modo, una política realmente consecuente en la poda de derechos adquiridos y en la pauperización impuesta al pueblo argentino. Solo en los últimos días, y más allá del recorte a las jubilaciones, la amenaza de la gobernadora Vidal de dejar en la calle a 7000 docentes de las escuelas bonaerenses, los 180 despidos y el desmantelamiento del área de producción de contenidos en la Televisión Digital Abierta, los 70 despidos en el Ministerio de Defensa junto a la virtual desaparición de la Secretaría de Derechos Humanos del propio Ministerio, los despidos y la brutal represión sufrida por los trabajadores del Ingenio “La Esperanza” en Jujuy, ilustran de modo acabado el corazón de las políticas de la alianza gobernante del Pro y el radicalismo.

La implementación de estas políticas se acompañó de un amplio dispositivo de “seguridad”. La represión a las masivas manifestaciones populares que enfrentaron el ajuste a las jubilaciones, la caza y detención arbitraria de personas al voleo, los balazos y golpizas recibidas por manifestantes y periodistas, y las amenazas a los letrados que defendieron a los arrestados, no parecen buscar otro objetivo que instalar el temor entre quienes decidimos enfrentar pacíficamente el ajuste en marcha. El monopolio mediático de la información a favor del ajuste y la represión, la prisión domiciliaria concedida en los días pasados al genocida Miguel Etchecolatz, la arbitraria detención de Milagro Sala y la naturalización de la persecución judicial y condena a prisión a opositores políticos, la muerte de Santiago Maldonado en el marco de un operativo realizado por la gendarmería, el asesinato de Rafael Nahuel en similares circunstancias, dibujan un cuadro frente al cual cuesta aceptar conductas indiferentes. Esta conducta persecutoria se profundiza a cada momento. En el día de hoy, el Gobierno Nacional que encabeza Mauricio Macri ha denunciado penalmente a 11 legisladores opositores, quienes intentaron contener la violencia represiva hacia quienes se manifestaron pacíficamente el pasado 14 de diciembre, bajo el argumento de haber “entorpecido la actuación de la Gendarmería y franquearle la entrada a los manifestantes al Congreso”.

La situación que afronta el sector científico/tecnológico no es ajena a la realidad descripta en párrafos anteriores. El presupuesto para Ciencia y Técnica votado para el año 2018 impone nuevos y crecientes ajustes. Atendiendo a la inflación estimada para el año 2018, el ajuste implica una baja neta interanual comprendida entre el 10 y el 15% del total de fondos asignados al sector. En relación al CONICET, el ajuste se ilustra claramente al observar lo acontecido en los ingresos a la Carrera del Investigador. De acuerdo al plan 2020, deberían haber ingresado este año 1200 investigadores, mientras que el anuncio informado ayer por el CONICET indica que solo 600 han ingresado. Al momento de entregar el premio al Dr Gabriel Rabinovich como Investigador de la Nación, semanas atrás, el Presidente de la Nación afirmó haber duplicado el presupuesto nacional dedicado a Ciencia y Técnica. La realidad lo desmiente rotundamente. El presupuesto aprobado para el presente año redujo la inversión en ciencia y tecnología, pasando del 1.52% del total nacional en el año 2015 al 1.22%, marcando así una profundización del recorte realizado en el año 2016, donde ya había descendido al 1.4%. El gasto en la finalidad ciencia y tecnología aumentó (en pesos) un 69,4% respecto al año 2015, mientras que el total del presupuesto nacional creció un 102.9%.  Para darle contexto a estas cifras, el monto dedicado al pago de servicios de la Deuda Pública en el presupuesto recientemente votado aumentó un 270.9% respecto del votado en 2015. Una vez más, la “realidad virtual” de los globos amarillos confronta con la verdad. El ajuste no solo se mantiene, sino que se profundiza. El éxodo de jóvenes científicos ha dejado de ser un horizonte probable. Es parte ya de la realidad cotidiana, en cada uno de nuestros laboratorios y Universidades. Sumado a ello, y a más de un año y medio de elecciones libres y democráticas, el CONICET sigue funcionando con un Directorio espurio, donde no se designa a un miembro electo por sus pares a causa de su pensamiento político. Así, el Ejecutivo Nacional prostituye un valor institucional clave en el principal organismo de Ciencia y Técnica del país: el del apego a la democracia y las normativas vigentes.

Pero el saqueo a las jubilaciones, la creciente e interminable ola de despidos en el estado y en el sector privado, los recortes impuestos al sector científico y tecnológico y, en resumen, la creciente concentración de la riqueza en manos de quienes más poseen, ha encontrado en la resistencia y movilización popular el modo de generar un punto de inflexión. Centenares de miles nos manifestamos pacíficamente en las últimas dos semanas frente al Congreso Nacional, mostrando que movilización y unidad indican el camino a recorrer para enfrentar el ajuste.

 

Grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA)
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Basta de ajuste y represión

En un Congreso de la Nación Argentina blindado por fuerzas de gendarmería, los diputados oficialistas con el apoyo de otros legisladores que, habiendo sido votados como opositores desconocen el mandato popular, se aprestan a votar un conjunto de leyes cuyo objetivo principal es castigar a la gran mayoría de los/ las argentinos/as y favorecer a quienes concentran la riqueza en nuestro país. Entre estas leyes, la que modifica la movilidad de las jubilaciones y de los otros aportes públicos a las familias pobres, en particular a niños, jóvenes y personas discapacitadas, es la más perjudica a la mayoría de los compatriotas. Pasadas las elecciones legislativas, el macrismo vuelve a mostrar su verdadera cara anti popular, instrumentando un gran ajuste que exige una brutal represión que amenaza con convertirse en permanente en la medida en que avanzan las políticas regresivas y crecen las protestas y luchas de los sectores afectados por las medidas económicas de un gobierno que favorece a los ricos y castiga a los pobres.
Condenamos la represión del gobierno de Macri que ya se ha cobrado 2 víctimas mortales y llamamos a la comunidad científica y a toda la población a manifestarse pacíficamente y en unidad para frenar el paquete de medidas de ajuste que pretende cercenar derechos de los trabajadores y los sectores más humildes y al mismo tiempo reducir salarios y jubilaciones.

Científicos y Universitarios Autoconvocados (CyUA)

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El Grupo CyTA ante el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner por Traición a la Patria

La democracia argentina que tantas vidas costó está siendo degradada a niveles impensados e intolerables.

A la detención de Milagro Sala solo basada en su condición de mujer humilde y
contestataria, de coya y de dirigente opositora a los explotadores de siempre, a las circunstancias que sobrevinieron en la muerte de Santiago Maldonado en el marco de un procedimiento represivo ilegal por parte de las fuerzas de seguridad y en el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel por otras fuerzas federales, se suma el abuso discrecional de las detenciones furtivas y nocturnas sin condena previa de funcionarios del gobierno anterior, y el congelamiento o rápida desestimación de las causas que inculpan a funcionarios del actual gobierno y al propio presidente Mauricio Macri. La Dra. Gils Carbó, Procuradora General de la Nación, ha sido hostigada de manera descarada hasta provocar su renuncia.

No solo eso, un juez que ha trabajado arduamente para que en nuestro país haya Verdad y Justicia, el Dr. Daniel Rafecas, está en riesgo de ser destituido. Hoy amenazan con el desafuero y la prisión de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, indiscutida líder de la oposición, por una absurda e inventada causa de “traición a la patria”.

Desde Ciencia y Técnica Argentina – Investigación y Desarrollo para la Inclusión – sabemos que estos avances contra la democracia argentina son inseparables de la destrucción del sistema científico que está en plena ejecución, de la anulación del desarrollo tecnológico autónomo, de la intimidación policial a las universidades públicas, de los brutales nuevos despidos de trabajadores estatales que se proyectan, del irracional endeudamiento externo que pagaremos generaciones de argentinos y de los crecientes niveles de pobreza que para trabajadores jubilados y trabajadores activos está impulsando la Alianza Cambiemos y sus socios.

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Una resolución judicial que ataca a la Ciencia Pública Argentina. Repudiamos el procesamiento del Dr. Ricardo Villalba

El martes 28 de noviembre, el Juez Federal Sebastián Casanello procesó y trabó embargó por 5 millones de pesos al Dr. Ricardo Villalba, ex director del IANIGLA-CONICET, y del Inventario Nacional de Glaciares. Se lo acusa de favorecer con su labor al proyecto Veladero (Barrick Gold), cuando precisamente fue la participación del IANIGLIA lo que permitió que Argentina fuera el primer país del mundo en contar con una ley y un inventario de glaciares construido en base a una metodología avalada por estándares consensuados internacionalmente, lo que se omite en el dictamen del Juez.

El argumento, mientras que aparentemente se levanta en defensa del medio ambiente y cae con rigor sobre el Dr. Ricardo Villalba, al mismo tiempo exime de culpa y cargo a la Barrick Gold, empresa minera responsable del derrame. Así, este procesamiento es funcional con el lobby minero y las intenciones del gobierno de Macri, que luego de quitar los impuestos de exportación a las empresas del sector, también busca derogar la Ley de Glaciares, a la medida de los intereses de las mineras multinacionales.

Los estudios realizados por el IANIGLA y el Inventario Nacional de Glaciares son indispensables para proteger un recurso hídrico estratégico para todos los habitantes de nuestro suelo. La persecución del Dr. Villalba constituye un nuevo ataque a la ciencia pública argentina, en un contexto de desfinanciamiento, ajuste y menoscabo por parte del Poder Ejecutivo a todo el sistema científico y tecnológico.

Cabe mencionar además que el IANIGLIA no es una autoridad de aplicación, sino que dicha autoridad ha sido y es el Ministerio de Ambiente de la Nación.

Reconocemos el valor de las luchas de la población a favor de la justicia ambiental desde la perspectiva del diálogo de saberes, y consideramos que el sector científico no debe ser el vehículo de justificación de intereses claramente corporativos.

El Dr. Villalba ha tenido un rol activo en la defensa del medioambiente reconocido a nivel internacional. Recordamos, a modo de ejemplo, que en el año 2007 integró el equipo que junto a Al Gore recibió el premio Nobel de la Paz por su contribución a alertar al cambio climático. Se suma de este modo a la brillante lista de científicos argentinos que han contribuido con su esfuerzo y su dedicación a mejorar la vida del planeta y de la sociedad humana.

Desde el Grupo Ciencia y Técnica Argentina manifestamos nuestro más enérgico repudio al procesamiento del Dr. Ricardo Villalba y a la judicialización de la investigación científica.

CONVOCAMOS AL ABRAZO SIMBÓLICO EN SOLIDARIDAD CON EL DR. RICARDO VILLALBA el lunes 4 de diciembre a las 12 Hs en el CCT Mendoza.

Grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA)
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El grupo CyTA ante una nueva Conquista del Desierto

En un mensaje publicado en Diciembre de 2015, el Presidente Macri anunciaba que “para este gobierno, el reconocimiento de las comunidades indígenas y las políticas hacia los pueblos originarios son políticas de Estado”. Casi dos años más tarde, los fatídicos eventos ocurridos en la Patagonia dan por tierra con el mentado reconocimiento.
El 23 y 24 de noviembre pasados se desató en la comunidad Lafken Winkul Mapu, lago Mascardi, Provincia de Río Negro, un operativo a cargo del grupo Albatros de la PNA. La violencia del actuar policial llegó al extremo de ver detenidos a niños Mapuches en la comisaría de la Policía Federal de Bariloche, separados de sus familiares y en franca violación de los derechos y convenciones internacionales que asisten a niños y niñas. De confirmarse que fueron balas federales las que acabaron con la vida del joven Rafael Nahuel durante dicho operativo, estaríamos ante una nueva muerte que no puede dejarnos inmóviles como sociedad civilizada.
Así las cosas, ya no caben argumentos para ocultar una secuencia donde se hilvanan el conflicto por la extranjerización de la tierra en la Patagonia, la estigmatización del pueblo Mapuche, la xenofobia más primaria, el actuar descontrolado de las fuerzas de seguridad, las violaciones a los derechos humanos y el debido proceso, y los dispositivos de la posverdad operando desde las corporaciones mediáticas para tergiversar hechos históricos, como la dinámica del poblamiento humano de la Patagonia, y actuales, como el actuar del Ministerio de Seguridad. Todo ello sin olvidar que largas extensiones de tierra patagónica están en manos del grupo Benetton, que destacadas amistades presidenciales como Joseph Lewis son actores de peso en la extranjerización de los campos, y que el propio Macri modificó por decreto (820/2016) la Ley de Tierras Rurales con el objetivo de quitar restricciones a la venta de campos a extranjeros.
Los científicos y tecnólogos nucleados en el grupo CyTA manifestamos nuestro rechazo y preocupación por esta grave situación, y nos sumamos al reclamo de vastos sectores de la sociedad que exigen el esclarecimiento de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, ambas ocurridas en el marco de operativos ilegales de las Fuerzas de Seguridad comandadas por la Ministra Bullrich. Que los hechos denunciados quieran teñirse de un pretendido “conflicto” con supuestos grupos armados sólo responde a la necesidad de ocultar la avidez inmobiliaria por tierras que deberían gestionarse de acuerdo al mandato constitucional y de la ley 26.160, recientemente prorrogada, que declara la emergencia territorial y evita los desalojos en comunidades de pueblos originarios de nuestro país.
Ante tan preocupante situación, que no dudamos en llamar una Nueva Conquista del Desierto, CyTA clama por el cumplimiento de los mandatos constitucionales en cuanto a los derechos de los Pueblos Originarios, por el fin de la violencia de Estado, y por el regreso de la paz social y el respeto a la diversidad étnica y cultural de nuestra Nación.

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