CIENCIA Y TECNOLOGIA EN EL BICENTENARIO

(descargar versión en pdf aquí)

Declaración de CyTA a 200 años de la Independencia y a 6 meses del Gobierno de Cambiemos

El bicentenario de la declaración de la independencia encuentra a la Argentina en un momento complejo de su historia. Una restauración conservadora encabezada por el gobierno del Presidente Macri no sólo ha impuesto una serie de medidas políticas, económicas y sociales que retrotraen muchas conquistas populares a situaciones reinantes varias décadas atrás, sino que además pretende borrar toda huella de los valores de solidaridad, ampliación de derechos, movilización popular y dirección política de la economía que caracterizaron a los gobiernos del período 2003-2015. Mediante un discurso típico del marketing publicitario que hace eje en la “revolución de la alegría” y en el vacuo y tramposo concepto de “sinceramiento”, el nuevo gobierno parece querer anular las ideologías y borrar las contradicciones de clase por decreto mientras, por detrás y con mano dura, practica el escarmiento mediante despidos masivos, disciplinamiento ideológico, eliminación de programas sociales en salud, educación y derechos humanos y encarcelamiento de líderes populares como Milagro Sala.
En el terreno de la política internacional se evidencia un cambio de orientación regional y global caracterizado por el alineamiento con la política exterior de los EE. UU., una vuelta sin restricciones a los mercados financieros internacionales y al librecambismo, el alejamiento de la integración estratégica con países latinoamericanos, que era el camino a una mayor autonomía y a proyectos soberanos, y el acercamiento a los países que conforman la alianza del Pacífico en detrimento de la consolidación del Mercosur y la UNASUR.
Estas políticas están consustanciadas con un cambio de modelo económico caracterizado por la transferencia de recursos a sectores concentrados de la economía mediante la eliminación o reducción de las retenciones al agro y a la minería, la disminución de la carga impositiva tanto a los grandes patrimonios como a la distribución de dividendos de las empresas y la liberación del mercado cambiario que acarreó un deterioro del 30-40% del salario real. Se ha abierto la puerta al capital financiero especulativo y a las importaciones que impactan negativamente sobre la producción nacional, el empleo y la sostenida incorporación de conocimiento y tecnología nacional a la trama productiva. Hoy es posible afirmar que la economía argentina ha ingresado a un ciclo de desindustrialización. Se pretende reducir el patrimonio del Estado con el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES.
En escasos siete meses se ha producido un brutal ajuste que no sólo afecta a los sectores de bajos ingresos sino también a la clase media, instrumentado en particular por un salvaje aumento de tarifas en los servicios públicos. Dicho ajuste no fue mitigado por las paritarias que dejan a los salarios muy por debajo del aumento del costo de vida producido por la inflación. Todo esto ha llevado a una conspicua caída del consumo, que paradójicamente no ha hecho todavía retroceder a la inflación y ha generado un significativo aumento de la indigencia y la pobreza.
Para llevar a cabo este plan, el actual gobierno cuenta con el apoyo del establishment nacional e internacional y de la mayor parte de los medios periodísticos concentrados, tanto escritos como audiovisuales, que desde la liquidación de la llamada “ley de medios” han consolidado su capacidad de ocultar y distorsionar aspectos de la realidad que afectan sus intereses. El gobierno también tiene el apoyo de una gran parte de la corporación judicial, de trayectoria histórica conservadora, y ha sabido cooptar a legisladores supuestamente opositores y propiciar medidas restrictivas a las libertades públicas como el nuevo protocolo de seguridad.
En el terreno de los derechos humanos –sector que el gobierno anterior había encarado como política de Estado convirtiéndola en un ejemplo internacional– se ha producido el desmantelamiento de numerosas instituciones financiadas por el Estado. Incluso, algunos funcionarios exponen provocativamente su negacionismo sobre los crímenes de la dictadura, reivindicando la teoría de los dos demonios y cerrando las puertas a la investigación de la participación civil y empresarial en el terrorismo de estado implementado entre 1976 y 1983. El decreto que otorga a las Fuerzas Armadas mayor autonomía política y recorta el poder civil converge con las acciones mencionadas.
El plan de este gobierno se propone desconocer todo avance progresista del gobierno anterior culpándolo de la situación actual por la “herencia recibida”, tal como ha resultado evidente en el Informe “El estado del Estado” [1] que, sin apoyarse en fuentes fehacientes, insiste en resaltar las debilidades y rehúsa destacar los logros. Sin embargo, en documentos escritos en inglés con el fin de atraer inversiones extranjeras, el gobierno de Macri describe positivamente los parámetros macroeconómicos de la Argentina logrados por el gobierno anterior que incluyen el bajo nivel de desempleo y de endeudamiento externo [2]. Esta contradicción revela que el argumento de la “herencia recibida” es la táctica elegida para justificar el ajuste.
En los últimos meses han tomado estado público graves hechos de corrupción acontecidos en el transcurso del gobierno anterior. Este espacio expresa su máxima condena a todos los hechos de corrupción, sin atenuantes de ningún tipo y aboga por que las investigaciones conduzcan a la identificación de todos los responsables involucrados y a su debido juicio. Quienes luchamos por transformaciones sociales de contenido popular no podemos avalar ni justificar ningún tipo de robo ni aprovechamiento delictivo de la función pública. Acciones como las llevadas a cabo por José López, sospechado de haber implementado estafas sistemáticas al Estado, desvirtúan la convicción y voluntad que deben guiar los procesos de cambio social y dañan a quienes, con absoluta honestidad, se comprometen con los mismos. Pero así como repudiamos a quienes hayan protagonizado hechos de corrupción en el gobierno anterior, advertimos que existe un modus operandi de inusitada gravedad –porque aparece como sistémico y tolerado como natural desde el oficialismo y los medios– que concierne a numerosos referentes de la actual administración e involucra la mega-evasión fiscal, el ocultamiento de fondos millonarios en cuentas en el extranjero, y blanqueos de capital hechos “a medida” de los propios funcionarios. Estos delitos, a lo largo del tiempo y tomados en su conjunto, involucran cientos de miles de millones de dólares. La violación sistemática de la ley de ética pública, poniendo a ex CEO´s al frente de numerosas áreas sensibles del Estado, es otra forma grave de corrupción.
En este panorama poco alentador, nuestro país ha vivido en muy pocos meses una serie de movilizaciones populares en defensa de derechos o contrarias a medidas del actual gobierno cuya masividad y asiduidad constituyeron hechos históricos esperanzadores. Baste mencionar las grandes marchas en todo el país del 24 de marzo y de “ni una menos”, la concentración en las afueras de los tribunales de Comodoro Py, la concentración organizada por las cinco centrales obreras y la posterior de las dos CTA contra el ajuste y en defensa de la ley antidespidos, y la gran movilización de los universitarios de todo el país por el aumento de presupuesto.
¿Cómo afectan los cambios de modelo económico, la reducción del papel del Estado y la supeditación al mercado a las políticas de ciencia y tecnología?
Para responder a esta pregunta es preciso en primer lugar considerar en forma separada aquellas áreas que dependieron y aún dependen del MINCYT de aquellas que fueron sostenidas por otros ministerios del gobierno anterior. En ambos casos hubo un esfuerzo realizado por el Estado durante el período 2003-2015 que colocó en el centro de la escena al conocimiento como insumo para el desarrollo del país y el bienestar de los ciudadanos. En el primer grupo se destaca el aumento importante del presupuesto del CONICET a valores constantes y la expansión de su política de formación de recursos humanos que pasó de 1800 becarios y 3500 investigadores en el 2003 a 10000 becarios y 9000 investigadores en el 2015, el incremento de centros de investigación CONICET-Universidad que pasaron de 100 en el 2003 a 230 en el 2015 y la construcción de más de 150.000 m2 de laboratorios. También cabe mencionar el estímulo a la transferencia del conocimiento a la sociedad y la vinculación de los científicos con la comunidad, la implementación de una nueva forma de evaluación de los científicos, el fomento de la asociación público-privada y la creación de empresas estatales de base tecnológica como YTEC (YPF-CONICET).
Estudios realizados por la revista Nature evidencian que como consecuencia de las políticas del gobierno anterior, Argentina se encuentra por encima de la media mundial en el impacto internacional de su producción científica [3]. El CONICET pasó de la posición 144 que ocupaba en 2009 a la posición 79 en 2014 entre las 5000 instituciones más importantes de CyT del mundo [4].
Paradójicamente, nada de lo señalado en los párrafos anteriores es mencionado en el capítulo de CyT del reciente informe «El estado del Estado». Pese a que el ministro responsable del área es el mismo que en el gobierno del FPV, el informe se limita a cuestionar la supuesta falta de apoyo suficiente del gobierno anterior. Declaraciones a poco de asumir del nuevo Presidente del CONICET respecto de la “inviabilidad“ del organismo, junto con críticas del Ministro a los investigadores por priorizar la publicación de papers y no la generación de puestos de trabajo, genera la preocupación en este sentido sobre el futuro crecimiento del CONICET. Más allá de la confusión epistemológica generada por estas declaraciones –los puestos de trabajo son generados por empresas, privadas o estatales, no por investigadores– es evidente que existe una intención del nuevo gobierno de desprestigiar a su propio sistema como pista de despegue para justificar un ajuste presupuestario. En este contexto, el discurso de las autoridades promueve, sin precisar diagnósticos o estudios que avalen la novedad, que los nuevos doctores en ciencia se conviertan en empresarios y practiquen el emprendedorismo -concebido como conjunto de conductas, valores y actitudes individuales– en lugar de promover su integración a iniciativas colectivas de investigación, desarrollo e innovación cuyo fomento y consolidación es tarea del Estado. Esta concepción afecta particularmente el desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades.
El ajuste ya impactó sobre el sistema de ciencia y tecnología y lo demuestra la incapacidad de los resultados de las paritarias de compensar los efectos de la inflación/devaluación que han reducido grandemente el poder adquisitivo de los estipendios de los becarios y los salarios de los investigadores y del personal de apoyo, así como la nula o insuficiente actualización de los subsidios a proyectos de investigación que mina el poder de compra de insumos y equipamiento.
No obstante, creemos que las peores consecuencias de las acciones y omisiones del nuevo gobierno tienen que ver con la discontinuidad o falta de definición alrededor de los grandes proyectos tecnológicos impulsados por el gobierno anterior, que no dependían ni hoy dependen del MINCYT. En relación a la industria satelital, además del despido de personal calificado, no hay definiciones respecto al cumplimiento de la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, que aprueba el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035, cuyo primer hito es el satélite Arsat-3, actualmente paralizado. También se frenaron las inversiones en la Plataforma de Televisión Digital Abierta (TDA), tanto en la digitalización de señales como de los usuarios, necesarias para lograr el apagón analógico en el año 2019 y se presentaron planes para el desmebramiento y/o privatización de la empresa pública Arsat. En el caso del sector nuclear, si bien se avanzó con China en un memorándum de entendimiento para la construcción de dos centrales de potencia, no están claras las condiciones de participación de las empresas nacionales. En ese sentido es esencial preservar los efectos multiplicadores de las inversiones públicas en el sector de pymes y de las capacidades nacionales de investigación y desarrollo.
En el sector de defensa, además del despido de personal de Fabricaciones Militares y la cancelación del proyecto de fabricación de vagones podemos agregar la paralización del proyecto tecnológico SARA (Sistema Aéreo Robótico Argentino), y problemas de retraso en el plan de radarización del territorio argentino con radares nacionales (militares y meteorológicos). El SMN (Servicio Meteorológico Nacional) sufre la indefinición respecto a su presupuesto, ya que una parte del mismo estaba sostenido por la tasa de protección al vuelo que actualmente es recaudado por EANA SE (Empresa Argentina de Navegación Aérea). También podemos nombrar la paralización de los contratos entre FAdeA y el Ministerio de Defensa relacionados con la producción aeronáutica: fabricación del PAMPA, el proyecto IA100 y del avión de la Unasur, la modernización del avión Pucará y el freno del proyecto del KC390 como proveedores de Embraer. Esto ya ha generado en FAdeA suspensiones de personal y retrasos en el pago de sueldos y aguinaldo, como preludio de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
Finalmente, tampoco hay definiciones claras respecto a dar continuidad al desarrollo del programa de producción pública de medicamentos (Ley 27.113). A través de este perfil de proyectos, el Estado no sólo promovía procesos de aprendizaje, articulación y organización dentro del sector de ciencia y tecnología, sino que además traccionaba la economía y fortalecía el desarrollo y sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas, que representaban en 2015 el 44% del producto bruto de la Argentina y aún siguen siendo la principal fuente de trabajo formal.
El acercamiento a la Alianza del Pacífico, que a través del libre comercio con las grandes potencias, perjudicará a los países con menor desarrollo industrial por la quita de protección a sus industrias nacionales, relegándolos a un papel secundario como exportadores de productos primarios, destino que parece ser el buscado para la Argentina por el nuevo gobierno, en el cual el empleo estaría en riesgo y la ciencia y la tecnología se tornarían superfluas. También podría tener consecuencias muy negativas respecto de las exigencias de las grandes empresas trasnacionales semilleras y farmacéuticas en sus exigencias sobre el pago de regalías.
Un último capítulo, no menos importante, debe ser dedicado a las Universidades públicas. Mauricio Macri y su Ministro de Educación Esteban Bullrich, cuestionan el número de universidades creadas en años anteriores, su autonomía y carácter gratuito y la modalidad vigente de ingreso irrestricto establecida en la Ley de Educación Superior. Apoyándose en notas firmadas por referentes del sector privado que critican el tamaño de la matrícula universitaria, los índices de graduación y la gratuidad de la educación superior, buscan descalificar a las universidades públicas ante la opinión pública por su falta de “eficiencia”. Si bien la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) está a cargo de un ex rector de una universidad pública, por la presión ejercida para que no se designara a un productor televisivo en semejante función, las figuras del PRO de la alianza Cambiemos parecen pesar a la hora de definir la orientación de la política universitaria.
Mientras durante el gobierno anterior se produjo una fuerte inversión presupuestaria que alcanzó la histórica cifra del 1% del PBI, el actual gobierno demora el acceso a los montos aprobados en el presupuesto 2016 ($51.946.796.000) y no da cumplimiento a la promesa de un incremento adicional que fuera anunciado en el mes de mayo (de $500 millones) no estando claro si se trataría de un aumento efectivo o de un anticipo de adicionales, previstos en el artículo 12 la Ley 27198 de Presupuesto Nacional 2016. El aumento de tarifas de los servicios públicos ha puesto en riesgo el funcionamiento de las universidades y afecta las posibilidades de aquellos estudiantes de familias de menores ingresos de continuar sus estudios. El riesgo de un desfinanciamiento de las universidades en el corto y mediano plazo es evidente y, de ocurrir, significaría un gran retroceso histórico.
La Universidad pública perdió presencia en el Estado. El Ministerio de Modernización, encargado de la política de despidos en el sector público, impugna, de hecho, el saber universitario con finalidad social a través del cuestionamiento y cese, en muchos casos, de los convenios de asistencia técnica entre las universidades y el Estado. Nuevos vínculos con fundaciones y ONG reemplazan esos convenios. La Universidad pública fue en los últimos años un actor central en la definición e instrumentación de políticas públicas y programas dirigidos a la ampliación de derechos. El hecho de que la mayoría de los funcionarios del actual gobierno sean CEO´s, formados en universidades privadas y posgrados internacionales, revela no solo la matriz ideológica del gobierno de Macri sino también el papel irrelevante que la Universidad Pública desempeñará en el diseño y ejecución de políticas públicas.
Como científicos y universitarios comprometidos con el presente y el futuro del país, queremos avanzar en la necesaria construcción de un espacio popular, plural y participativo, capaz de enfrentar las medidas y políticas reaccionarias del actual gobierno, recreando la posibilidad de pensar y diseñar un proyecto que se desarrolle sobre la base de políticas inclusivas y soberanas. Este proceso exigirá la confluencia de sectores de diferente procedencia y un análisis crítico y propositivo que, partiendo de lo mucho que se ha logrado en los últimos 12 años, permita rescatar sus importantes logros, identificar sus errores y límites y encarar los desafíos y tareas pendientes.

Grupo CyTA
“Ciencia y Técnica Argentina”
«Investigación y Desarrollo para la Inclusión»

Miembros: Adrian Paenza; Alberto Kornblihtt; Ana Franchi; Andrea Gamarnik; Andrés Kreiner; Carolina Mera; Daniel Filmus; Diego Hurtado; Dora Barrancos; Eduardo Dvorkin; Federico Robledo; Felix Requejo; Graciela Morgade; Hugo Aimar; Jorge Aliaga; Jorge Geffner; José Paruelo; Juan Pablo Paz; Luis Alberto Quevedo; Marcelo Ruiz, Mirta Susana Iriondo; Osvaldo Uchitel; Pablo Nuñez; Raquel Chan; Roberto Salvarezza; Rolando González-José; Sandra Carli

[1] http://www.casarosada.gob.ar/elestadodelestado/docs/el_estado_del_estado.pdf
[2] https://drive.google.com/file/d/0BxX-9OPxpllsOXBsa20xQzJQVkU/
[3] http://www.nature.com/news/the-impact-gap-south-america-by-the-numbers-1.15393
[4] http://www.scimagoir.com/