Adhesión a Nota sobre Proyecto de Libertad Religiosa

El Grupo CyTA adhiere a la carta que se adjunta a continuación elaborada por la Alianza de abogadas/os por los DDHH de las mujeres dirigida a las/los diputados que integran las Comisiones de Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto; Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda en rechazo al Proyecto de Ley sobre Libertad Religiosa presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 12 de junio bajo el número 0010/PE/2017.

Asimismo, se reciben firmas hasta el día lunes 3 de julio a ecardenas@cels.org.ar
La carta a la cual se adhiere expresa:


Buenos Aires, 3 de julio de 2017

A las Sras./es Diputadas y Diputados de la Nación
de las Comisiones de
Relaciones Exteriores y Culto;
Legislación Penal y
Presupuesto y Hacienda
S / D

REF: Rechazo al proyecto de ley 0010/PE/2017

De nuestra mayor consideración,

La Alianza de Abogadas/os por los Derechos Humanos de las Mujeres, espacio que reúne a más de 200 abogadas/os de todo el país, junto a las organizaciones y personas abajo firmantes, nos dirigimos a ustedes para manifestarles nuestro absoluto rechazo al Proyecto de Ley sobre “Libertad Religiosa” presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 12 de junio bajo el número 0010/PE/2017 y remitido a sus Comisiones

El proyecto, por un lado, contradice obligaciones internacionales del Estado argentino al establecer una protección a la libertad religiosa que sólo repercutiría en el menoscabo de los derechos humanos de una amplia franja de la población, al habilitar y proteger la imposición de una serie de creencias religiosas que ahora pretende avalar el Estado. Por otro lado, esta iniciativa de ley viene a modificar de manera radical y fundamental, una regla constitucional básica en todo Estado de Derecho, como es el principio de neutralidad estatal.

Los conceptos de Estado de Derecho y laicidad estatal o estado laico están entrelazados y uno no es posible sin el otro. El desarrollo, avances y consolidación de la obligada perspectiva de Derechos Humanos a la que estamos obligadas/os en virtud de nuestro texto constitucional, encuentra entre sus cimientos la defensa por la neutralidad religiosa. De este modo, el Estado no puede argumentando defender una falsa “libertad religiosa”, imponer determinadas preferencias y privilegios a ciertos credos, obligando a las personas y comunidades a seguir principios y reglas propias de religiones a las que no adhieren ni practican. Precisamente, la laicidad impone un deber de neutralidad estatal, por la cual el Estado no impone o promueve determinados cultos. [1]

Consideramos que el proyecto en su totalidad es problemático y alarmante, destacando a modo de ejemplo dos cuestiones hábiles para visualizar tal gravedad al poner en riesgo principios básicos para el respeto y garantía de los derechos humanos.

En primer lugar, observamos de manera harto crítica la regulación de la objeción de conciencia prevista en el art. 7 del proyecto. Los derechos de las mujeres y de tantos otros colectivos sistemática e históricamente discriminadas/os han podido ser reconocidos y protegidos en atención al imperativo legal de ser atendidos sin limitación, impedimento u objeción alguna. Por otro lado, con la regulación que se imprime en este articulado se pretende admitir una supuesta “convicción religiosa o moral” cuando es sabido que a la luz de lo dispuesto en el art. 19 de la Constitución Nacional, todas las cuestiones de índole morales “quedan sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”, es decir, no están sujetas a regulación alguna como se pretende defender en el proyecto en análisis, conculcándose el derecho humano a la libertad, privacidad y la no injerencia estatal. Máxime, cuando se establece una previsión muy amplia y por ende, a favor de la objeción de conciencia al sostenerse: 1) que “La buena fe del objetor se presume por la disposición a cumplir una prestación alternativa razonable, o por la existencia de una norma obligatoria expresa impuesta por la entidad religiosa a la que pertenezca de modo comprobado el objetor”; 2) que “El objetor no podrá recibir sanción ni sufrir discriminación alguna por el ejercicio de su derecho” y 3) que la objeción de conciencia puede ser ejercido en una gran cantidad de ámbitos como: “prestación del servicio militar, cumplimiento de tareas profesionales en el ámbito sanitario, sometimiento a tratamientos médicos, homenaje activo a símbolos patrios, juramentos, actividad laboral o escolar en días de fiesta o descanso religioso; ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente Ley en materia de adecuación razonable en los ámbitos pertinentes”; articulado este último que se refiere a la “adecuación razonable” de un supuesto derecho como lo es la objeción de conciencia, que de por sí tiene límites indefinidos o indeterminados; por lo cual es proclive a habilitar y justificar el incumplimiento de una gran cantidad de obligaciones jurídicas que repercutirían en flagrantes violaciones a los derechos humanos de las mujeres así como de toda persona que no profese culto alguno.

Asimismo, también miramos con preocupación lo propuesto en el Art. 2, en particular en el inciso L, que establece el derecho de padres, madres o tutores “a impartir y elegir para sí, o para los menores, incapaces o personas con capacidad restringida cuya representación legal ejerzan, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias creencias o convicciones, e impedir que reciban enseñanzas o participen en prácticas contrarias a ellas”. Esta previsión atenta, por un lado, contra lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), documento que ostenta jerarquía constitucional en virtud de la Ley 27044/2014. Según lo determina esta Convención en su Art 19, las personas con discapacidad tienen el “Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad”, por lo que su voluntad no puede ser lisa y llanamente, reemplazada sin más, ya que este tratado se inspira, además, en el reconocimiento del derecho a la autonomía de las personas con discapacidad y el principio de autonomía progresiva de los/as niñas y adolescentes.[2]

En esta misma línea, esta estipulación vulnera los principios de derechos humanos que rigen los derechos de los niños, niñas y adolescentes: la Convención sobre los Derechos del Nino (CDN), sancionada en el año 1990 y con jerarquía constitucional (art. 75 inciso 22) que enarbola el principio del interés superior del niño, premisa fundamental para la interpretación y la aplicación de todo el espectro de normas jurídicas. El ordenamiento jurídico les confiere a los/as niños y niñas una especial protección en virtud de su condición de vulnerabilidad y de encontrarse en pleno desarrollo de sus potencialidades. Deben ejercer sus derechos de acuerdo con su edad y grado de madurez. Este principio ha sido recogido por el Código Civil y Comercial. y Comercial de la Nación. Sólo a modo ilustrativo, mencionamos el art. 646 enuncia que como deberes y derechos de los progenitores: “considerar las necesidades específicas del hijo según sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo madurativo; respetar el derecho del niño y adolescente a ser oído y a participar en su proceso educativo, así como en todo lo referente a sus derechos personalísimos y prestar orientación y dirección al hijo para el ejercicio y efectividad de sus derechos.”; o el art. 639 que al fijar los principios sobre los que se estructura la función parental establece: “…a) el interés superior del niño; b) la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo; c) el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez”. Asimismo, la obturación de reconocimiento de los/as niños/as como sujetos/as de derechos basados en motivos religiosos o morales, en relación con su educación, viene siendo un eje observado en reiteradas ocasiones por diferentes organismos de derechos humanos.

Así, por ejemplo, el Relator Especial sobre el Derecho a la Educación (ONU), Vernor Muñoz (2010), analizó el impacto negativo de una serie de construcciones culturales y religiosas que obturan el reconocimiento y acceso a la salud sexual y reproductiva de parte de jóvenes y adolescentes.

La sexualidad es una actividad inherente a los seres humanos, que abarca múltiples dimensiones personales y sociales. Sin embargo, esta actividad suele permanecer oculta o exclusivamente ligada a la reproducción, por diferentes motivos, tanto culturales, como religiosos o ideológicos, que en su mayoría están relacionados con la persistencia del patriarcalismo (Párr. 5).

El Estado moderno, en tanto construcción democrática, debe velar para que la totalidad de sus ciudadanos y ciudadanas accedan a una educación de calidad, sin permitir que las diversas instituciones religiosas establezcan patrones de educación o de conducta que se pretenden aplicar no sólo a sus fieles, sino a la totalidad de la ciudadanía, profesen o no esa religión. Consecuentemente, el Relator Especial ha tomado nota, con especial preocupación, de diversos episodios en los que en nombre de concepciones religiosas se ha dificultado la educación sexual. El Relator se permite reiterar que una educación integral es garantía de un ambiente democrático y plural” (Párr. 6).[3]

En paralelo, es de destacar que en el último año dos Comités de las Naciones Unidas se han manifestado en relación a este tema. En este contexto normativo supralegal, fácil se advierte que el proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional contradice palmariamente estas recomendaciones.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones manifestó su preocupación por que el aborto legal resulta muchas veces inaccesible por la falta de instrumentación de protocolos médicos, del ejercicio individual de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud u otros obstáculos de facto. En este sentido, este organismo internacional insto al Estado argentino a asegurar que todas las mujeres y niñas puedan acceder a los servicios de salud reproductiva en todas las regiones del país y que las barreras legales, el ejercicio de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud y la falta de protocolos médicos no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su salud en riesgo. [4]

Por su parte, el Comité CEDAW en su última evaluación a la Argentina manifestó su preocupación por la frecuente negativa de médicos a practicar abortos legales por razones de conciencia, e igualmente instó al Estado a definir y aplicar requisitos estrictos de justificación para prevenir el uso general de la objeción de conciencia por parte de los/as médicos/as que se niegan a practicar abortos.[5]

Por estas razones basadas en la justicia social y como personas y colectivos comprometidos/as con la defensa de los derechos humanos en un ámbito plural y democrático que hemos forjado en nuestro país, solicitamos a las y los diputados/as de la Nación integrantes de las comisiones mencionadas, rechazar de plano la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo Nacional, en virtud de la afectación directa y cabal a los derechos fundamentales que tal iniciativa implica para amplias franjas de la población argentina, en especial, para las mujeres, niñas/os y adolescentes, así como toda persona que no adhiera a culto alguno.

[1] En este sentido vale remarcar el compromiso asumido por el Estado argentino al suscribir el Consenso de Montevideo en la Primera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, donde los Estados de la región “Reafirma[n] que la laicidad del Estado es también fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la profundización de la democracia y la eliminación de la discriminación contra las personas”

[2] Art. 3 CPD Principios Generales: Reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, o) Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente (…).

[3] Informe del Relator Especial de ONU sobre el derecho a la educación, Vernor Muñoz, -A/65/162- 23 Julio de 2010.

[4] Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Argentina, publicadas el 10 de agosto de 2016. CCPR/C/ARG/CO/5

[5] Observaciones Finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina, publicadas el 25 de noviembre de 2016. CEDAW/C/ARG/CO/7).

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