Inmediata aparición con vida de Santiago Maldonado y repudio a la represión

El pasado martes primero de agosto, la Gendarmería Nacional montó un brutal operativo de represión sobre la comunidad del Lof Cushamen (Chubut), disparando e incendiando pertenencias de las familias. Desde el momento de iniciado el operativo se desconoce el paradero de Santiago Maldonado, de 28 años de edad. Según declaraciones de testigos, Santiago fue apresado y cargado en una camioneta perteneciente a Gendarmería. La desaparición de Santiago ha sido denunciada por miembros de la comunidad Mapuche, familiares, Organismos de Derechos Humanos y el CELS. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad de la Nación, de quien depende Gendarmería, no ha hecho pública su posición respecto de las denuncias formuladas, ni ha indicado qué medidas arbitrará para garantizar la aparición con vida de Santiago, consigna perentoria que nos retrotrae a los peores momentos de nuestra historia.

Desde CyTA, sumamos nuestra voz a la denuncia por la desaparición de Santiago, exigimos su inmediata aparición con vida y repudiamos una metodología brutal de represión, que tiende a reproducirse cada vez más, de la mano de una política de ajuste permanente sobre los trabajadores y el pueblo.

Grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA)
Investigación y Desarrollo para la Inclusión
Miembros: Adrián Paenza; Alberto Kornblihtt; Ana Franchi; Andrea Gamarnik; Andrés Kreiner; Carolina Mera; Daniel Filmus; Diego Hurtado; Diego Tatian; Dora Barrancos; Eduardo Dvorkin; Emmanuel Alvarez Agis; Federico Robledo; Felix Requejo; Fernanda Beigel; Graciela Morgade; Hugo Aimar; Jorge Aliaga; Jorge Geffner; José Paruelo; Juan Pablo Paz; Luis Alberto Quevedo; Marcelo Ruiz; Marisa Herrera; Mirta Susana Iriondo; Noé Jitrik; Osvaldo Uchitel; Pablo Nuñez; Raquel Chan; Roberto Salvarezza; Rolando González-José; Sandra Carli

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(Sustitución de importaciones)^-1

La producción de equipamientos para la defensa es el ámbito en el cual los países de mayor nivel de industrialización, utilizando la herramienta del poder de compra del estado, impulsaron e impulsan el desarrollo de sus innovaciones tecnológicas y la incubación de nuevas pequeñas y medianas empresas innovadoras. En los EEUU, el uso del poder de compra del estado ya fue utilizado por George Washington, primer presidente de ese país, durante la guerra de la independencia, imponiéndoles a los fabricantes locales de armas de fuego la obligatoriedad del uso de partes estandarizadas.

Innovaciones tecnológicas muy relevantes como el GPS, Internet y otras que han revolucionado la industria estadounidense son desarrollos impulsados por la industria de defensa de dicho país; desarrollos que posteriormente al ser transferidos a las industrias de bienes de consumo masivo, le dieron a las empresas industriales estadounidenses importantes ventajas competitivas.

Desde ya, lo mismo podríamos afirmar respecto de las industrias de defensa de los países europeos.

En nuestro país los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner siguieron idéntico comportamiento y el desarrollo de radares, de satélites, de aviones militares, de vagones ferroviarios de transporte, de drones para la vigilancia de nuestra fronteras y del Mar Argentino, de lanzadores satelitales y de tecnologías para la explotación petrolera en yacimientos no convencionales se llevó adelante sobre la base de la cooperación entre industrias estatales (ARSAT, INVAP, VENG, FAdeA, FFMM, YPF), de Pymes, de UUNN y de institutos nacionales de investigación científica, en particular, el CONICET. Esos grandes proyectos nacionales pusieron en acto en nuestro país el triángulo de Sábato y una red de empresas públicas y privadas junto a organismos universitarios y científicos constituyeron un núcleo impulsor del desarrollo tecnológico autónomo que, en definitiva, es la clave para la imprescindible complejización de la matriz productiva de nuestro país.

Hoy el gobierno del presidente Macri desanda el camino recorrido y no continúa con la mayoría de estos proyectos de desarrollo tecnológico autónomo.

En una reciente modificación del Presupuesto Nacional figuran autorizados los siguientes préstamos a contraer por nuestro país:

Todos los ítems de la tabla anterior constituyen potenciales campos para continuar la política de desarrollo tecnológico autónomo; en particular los aviones TEXAN constituyen un caso de sustitución de producción nacional por importaciones ya que los aviones Pampa y Pucará de FAdeA desempeñan idénticas funciones. En una misma jugada destruyen los dos productos nacionales Pampa y Pucará, e hieren de muerte al astillero Tandanor, las Pymes cordobesas proveedoras de FAdeA serán también severamente afectadas, además en Córdoba alrededor de FAdeA existe una escuela técnica en la que se reciben los técnicos aeronáuticos, dos universidades (UNC e IUA) que forman ingenieros mecánicos aeronáuticos e ingenieros electrónicos aeronáuticos y una maestría en ingeniería aeronáutica sostenida entre UNC y el IUA… jóvenes formados para puestos de trabajo que desaparecerán.

¿Quién gana con esta jugada en la que aparentemente todos pierden?

Lamentablemente el rol de impulsor para el desarrollo de tecnología autónoma que cumplía la industria de equipamiento para la defensa ha sido abandonado por el actual gobierno.

No nos extraña, ya que en una industria más tradicional y menos compleja como la textil la participación de la manufactura local ha descendido del 50% del total del mercado en el año 2015 al 39% en el 2016.

Tampoco nos extraña que con este impulso a la desindustrialización del país la investigación científica se encuentre severamente desfinanciada: en un país en camino de desindustrialización a la investigación científica solamente le cabe un rol ornamental.

La Argentina necesita retomar el camino del desarrollo inclusivo y para ello es imprescindible retomar el desarrollo de tecnología autónoma con el simultáneo crecimiento y fortalecimiento del sector científico.

Necesitamos volver a ser un país que no apoye la ciencia sino que se apoye en la ciencia.

Agosto 2017

Grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA)
Investigación y Desarrollo para la Inclusión
Miembros: Adrián Paenza; Alberto Kornblihtt; Ana Franchi; Andrea Gamarnik; Andrés Kreiner; Carolina Mera; Daniel Filmus; Diego Hurtado; Diego Tatian; Dora Barrancos; Eduardo Dvorkin; Emmanuel Alvarez Agis; Federico Robledo; Felix Requejo; Fernanda Beigel; Graciela Morgade; Hugo Aimar; Jorge Aliaga; Jorge Geffner; José Paruelo; Juan Pablo Paz; Luis Alberto Quevedo; Marcelo Ruiz; Marisa Herrera; Mirta Susana Iriondo; Noé Jitrik; Osvaldo Uchitel; Pablo Nuñez; Raquel Chan; Roberto Salvarezza; Rolando González-José; Sandra Carli

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EL GRUPO CyTA ANTE LA CRISIS DEL CONICET

EL GRUPO CyTA ANTE LA CRISIS DEL CONICET
(Entre el reconocimiento internacional y la supuesta inviabilidad local)

El gobierno del Presidente Mauricio Macri ha puesto en jaque al conjunto del sistema científico y tecnológico argentino. Desde los inicios de su gestión advertimos que esto no era un hecho casual sino la consecuencia natural de su política de desindustrialización y reprimarización de nuestra economía.
El CONICET es una de las instituciones que más ataques sufrió por parte del gobierno de Cambiemos. Este organismo descentralizado, emblemático para la ciencia argentina, funciona en el ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que encabeza el Ministro Lino Barañao. El CONICET vive una crisis presupuestaria e institucional gravísima. Es, verdaderamente, un barco sin timón, que se encuentra casi a la deriva. Paradojalmente, esto sucede tras más de una década de crecimiento que incluyó la triplicación del número de investigadores, la sextuplicación del número de becarios  y la ampliación de sus instalaciones edilicias y su equipamiento. Desde su asunción en diciembre de 2015, el Presidente del CONICET, Dr. Alejandro Ceccatto, caracterizó al organismo como “inviable” y afirmó, penosamente acompañado por otros funcionarios del área, que la mayoría de sus investigaciones pueden calificarse como inútiles. La gestión de Ceccatto y Barañao convalidó un gran ajuste presupuestario que ocasionó la reducción del 50% en el número de nuevos investigadores que ingresaron al organismo en 2017 y el achicamiento del 20% en el número de becarios que iniciarán sus tareas el próximo año. Por otra parte, pese al escuálido presupuesto aprobado en 2016 (cuyo aumento nominal se explica completamente en virtud de la expansión de la masa salarial motivada por los aumentos paritarios y por la jerarquización salarial y la ampliación de la planta aprobada por el anterior Ministro de Ciencia en 2015), el CONICET no ha recibido ni una sola partida adicional para aliviar su situación.  En ese marco, de manera casi provocadora, las autoridades del organismo promueven la formulación de un nuevo “Plan estratégico”, como si el camino seguido hasta ahora, bosquejado en el marco del Plan Argentina Innovadora 2020 necesitara cambios drásticos. Ese Plan, abandonado en los hechos por el actual gobierno, proponía aumentar de 3 a 5 el número de investigadores por cada 1000 habitantes de la población económicamente activa. De los casi 20 mil investigadores que el país debía formar con ese fin, una pequeña parte sería absorbida por el CONICET, que hoy no es capaz de dar una respuesta satisfactoria a tan sólo 500 aspirantes marginados injustamente a fines del año pasado. En lo institucional, la gestión del Presidente Mauricio Macri y de su Ministro Lino Barañao han demostrado un enorme desprecio por las normas que rigen el funcionamiento del organismo. En efecto, los dos miembros del Directorio elegidos por sus pares en los comicios realizados en junio de 2016 (los Dres. Miguel Laborde y Roberto Salvarezza) todavía no han sido designados, un hecho que sólo puede explicarse por una evidente discriminación política.
Pero no todas las noticias son malas para el CONICET. En estos días se conoció un estudio internacional, elaborado por la consultora Sci-Imago, que ubica al organismo en el puesto 158 entre mas de 5000 instituciones científicas de todo el mundo. Es la primera en América Latina y forma parte de 3% de las mejores de todo el mundo. El informe muestra, además, que el CONICET ha ascendido continuamente en este ranking desde 2009. Es conveniente aclarar que el mencionado estudio se hizo sobre la base del análisis de diversos indicadores científicos y tecnológicos, tomando los datos del quinquenio 2010-2014. Respecto al estudio anterior el CONICET ascendió 65 lugares y respecto al de 2009 (que se realizó sobre la base de los datos del quinquenio 2002-2006) el ascenso fue de más de 200 escalones. Es evidente que el reconocimiento a la calidad del organismo, plasmado en el ranking de Sci-Imago se origina en los progresos del CONICET durante la década pasada. Es parte, si se nos permite la ironía, de la “pesada herencia” que recibió el gobierno de Cambiemos. Es paradojal que los funcionarios del CONICET y el Ministerio de Ciencia se dediquen a deslegitimar el trabajo de los científicos y tecnólogos, desprestigiando ante la sociedad la institución que dirigen. Deberían reconocerlo como un organismo vital para la ciencia argentina y cuidarlo, en lugar de desfinanciarlo y calificarlo como inútil e inviable. Hubiera correspondido la presencia de esos mismos funcionarios en las comisiones de Ciencia y Técnica de las cámaras de diputados y senadores para reclamar más presupuesto para el CONICET para 2018. Su ausencia revela su convalidación del ajuste.
Este logro del CONICET, que se suma a muchos otros premios que recientemente obtuvieron algunos de sus más prestigiosos investigadores, es motivo de orgullo. Saludamos y felicitamos a los investigadores, a los becarios, al personal de apoyo y a los administrativos del CONICET a quienes instamos a redoblar esfuerzos en defensa del organismo. Asimismo, manifestamos nuestra esperanza de que mediante el voto de la ciudadanía en las próximas elecciones de agosto y octubre, se fortalezca la posición de quienes desde el Parlamento Nacional defienden la ciencia argentina como parte de un proyecto de desarrollo con inclusión. Sin duda, estas elecciones son muy importantes para evitar la profundización del ajuste y el vaciamiento del CONICET.

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Adhesión a Nota sobre Proyecto de Libertad Religiosa

El Grupo CyTA adhiere a la carta que se adjunta a continuación elaborada por la Alianza de abogadas/os por los DDHH de las mujeres dirigida a las/los diputados que integran las Comisiones de Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto; Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda en rechazo al Proyecto de Ley sobre Libertad Religiosa presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 12 de junio bajo el número 0010/PE/2017.

Asimismo, se reciben firmas hasta el día lunes 3 de julio a ecardenas@cels.org.ar
La carta a la cual se adhiere expresa:


Buenos Aires, 3 de julio de 2017

A las Sras./es Diputadas y Diputados de la Nación
de las Comisiones de
Relaciones Exteriores y Culto;
Legislación Penal y
Presupuesto y Hacienda
S / D

REF: Rechazo al proyecto de ley 0010/PE/2017

De nuestra mayor consideración,

La Alianza de Abogadas/os por los Derechos Humanos de las Mujeres, espacio que reúne a más de 200 abogadas/os de todo el país, junto a las organizaciones y personas abajo firmantes, nos dirigimos a ustedes para manifestarles nuestro absoluto rechazo al Proyecto de Ley sobre “Libertad Religiosa” presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 12 de junio bajo el número 0010/PE/2017 y remitido a sus Comisiones

El proyecto, por un lado, contradice obligaciones internacionales del Estado argentino al establecer una protección a la libertad religiosa que sólo repercutiría en el menoscabo de los derechos humanos de una amplia franja de la población, al habilitar y proteger la imposición de una serie de creencias religiosas que ahora pretende avalar el Estado. Por otro lado, esta iniciativa de ley viene a modificar de manera radical y fundamental, una regla constitucional básica en todo Estado de Derecho, como es el principio de neutralidad estatal.

Los conceptos de Estado de Derecho y laicidad estatal o estado laico están entrelazados y uno no es posible sin el otro. El desarrollo, avances y consolidación de la obligada perspectiva de Derechos Humanos a la que estamos obligadas/os en virtud de nuestro texto constitucional, encuentra entre sus cimientos la defensa por la neutralidad religiosa. De este modo, el Estado no puede argumentando defender una falsa “libertad religiosa”, imponer determinadas preferencias y privilegios a ciertos credos, obligando a las personas y comunidades a seguir principios y reglas propias de religiones a las que no adhieren ni practican. Precisamente, la laicidad impone un deber de neutralidad estatal, por la cual el Estado no impone o promueve determinados cultos. [1]

Consideramos que el proyecto en su totalidad es problemático y alarmante, destacando a modo de ejemplo dos cuestiones hábiles para visualizar tal gravedad al poner en riesgo principios básicos para el respeto y garantía de los derechos humanos.

En primer lugar, observamos de manera harto crítica la regulación de la objeción de conciencia prevista en el art. 7 del proyecto. Los derechos de las mujeres y de tantos otros colectivos sistemática e históricamente discriminadas/os han podido ser reconocidos y protegidos en atención al imperativo legal de ser atendidos sin limitación, impedimento u objeción alguna. Por otro lado, con la regulación que se imprime en este articulado se pretende admitir una supuesta “convicción religiosa o moral” cuando es sabido que a la luz de lo dispuesto en el art. 19 de la Constitución Nacional, todas las cuestiones de índole morales “quedan sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”, es decir, no están sujetas a regulación alguna como se pretende defender en el proyecto en análisis, conculcándose el derecho humano a la libertad, privacidad y la no injerencia estatal. Máxime, cuando se establece una previsión muy amplia y por ende, a favor de la objeción de conciencia al sostenerse: 1) que “La buena fe del objetor se presume por la disposición a cumplir una prestación alternativa razonable, o por la existencia de una norma obligatoria expresa impuesta por la entidad religiosa a la que pertenezca de modo comprobado el objetor”; 2) que “El objetor no podrá recibir sanción ni sufrir discriminación alguna por el ejercicio de su derecho” y 3) que la objeción de conciencia puede ser ejercido en una gran cantidad de ámbitos como: “prestación del servicio militar, cumplimiento de tareas profesionales en el ámbito sanitario, sometimiento a tratamientos médicos, homenaje activo a símbolos patrios, juramentos, actividad laboral o escolar en días de fiesta o descanso religioso; ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente Ley en materia de adecuación razonable en los ámbitos pertinentes”; articulado este último que se refiere a la “adecuación razonable” de un supuesto derecho como lo es la objeción de conciencia, que de por sí tiene límites indefinidos o indeterminados; por lo cual es proclive a habilitar y justificar el incumplimiento de una gran cantidad de obligaciones jurídicas que repercutirían en flagrantes violaciones a los derechos humanos de las mujeres así como de toda persona que no profese culto alguno.

Asimismo, también miramos con preocupación lo propuesto en el Art. 2, en particular en el inciso L, que establece el derecho de padres, madres o tutores “a impartir y elegir para sí, o para los menores, incapaces o personas con capacidad restringida cuya representación legal ejerzan, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias creencias o convicciones, e impedir que reciban enseñanzas o participen en prácticas contrarias a ellas”. Esta previsión atenta, por un lado, contra lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), documento que ostenta jerarquía constitucional en virtud de la Ley 27044/2014. Según lo determina esta Convención en su Art 19, las personas con discapacidad tienen el “Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad”, por lo que su voluntad no puede ser lisa y llanamente, reemplazada sin más, ya que este tratado se inspira, además, en el reconocimiento del derecho a la autonomía de las personas con discapacidad y el principio de autonomía progresiva de los/as niñas y adolescentes.[2]

En esta misma línea, esta estipulación vulnera los principios de derechos humanos que rigen los derechos de los niños, niñas y adolescentes: la Convención sobre los Derechos del Nino (CDN), sancionada en el año 1990 y con jerarquía constitucional (art. 75 inciso 22) que enarbola el principio del interés superior del niño, premisa fundamental para la interpretación y la aplicación de todo el espectro de normas jurídicas. El ordenamiento jurídico les confiere a los/as niños y niñas una especial protección en virtud de su condición de vulnerabilidad y de encontrarse en pleno desarrollo de sus potencialidades. Deben ejercer sus derechos de acuerdo con su edad y grado de madurez. Este principio ha sido recogido por el Código Civil y Comercial. y Comercial de la Nación. Sólo a modo ilustrativo, mencionamos el art. 646 enuncia que como deberes y derechos de los progenitores: “considerar las necesidades específicas del hijo según sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo madurativo; respetar el derecho del niño y adolescente a ser oído y a participar en su proceso educativo, así como en todo lo referente a sus derechos personalísimos y prestar orientación y dirección al hijo para el ejercicio y efectividad de sus derechos.”; o el art. 639 que al fijar los principios sobre los que se estructura la función parental establece: “…a) el interés superior del niño; b) la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo; c) el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez”. Asimismo, la obturación de reconocimiento de los/as niños/as como sujetos/as de derechos basados en motivos religiosos o morales, en relación con su educación, viene siendo un eje observado en reiteradas ocasiones por diferentes organismos de derechos humanos.

Así, por ejemplo, el Relator Especial sobre el Derecho a la Educación (ONU), Vernor Muñoz (2010), analizó el impacto negativo de una serie de construcciones culturales y religiosas que obturan el reconocimiento y acceso a la salud sexual y reproductiva de parte de jóvenes y adolescentes.

La sexualidad es una actividad inherente a los seres humanos, que abarca múltiples dimensiones personales y sociales. Sin embargo, esta actividad suele permanecer oculta o exclusivamente ligada a la reproducción, por diferentes motivos, tanto culturales, como religiosos o ideológicos, que en su mayoría están relacionados con la persistencia del patriarcalismo (Párr. 5).

El Estado moderno, en tanto construcción democrática, debe velar para que la totalidad de sus ciudadanos y ciudadanas accedan a una educación de calidad, sin permitir que las diversas instituciones religiosas establezcan patrones de educación o de conducta que se pretenden aplicar no sólo a sus fieles, sino a la totalidad de la ciudadanía, profesen o no esa religión. Consecuentemente, el Relator Especial ha tomado nota, con especial preocupación, de diversos episodios en los que en nombre de concepciones religiosas se ha dificultado la educación sexual. El Relator se permite reiterar que una educación integral es garantía de un ambiente democrático y plural” (Párr. 6).[3]

En paralelo, es de destacar que en el último año dos Comités de las Naciones Unidas se han manifestado en relación a este tema. En este contexto normativo supralegal, fácil se advierte que el proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional contradice palmariamente estas recomendaciones.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones manifestó su preocupación por que el aborto legal resulta muchas veces inaccesible por la falta de instrumentación de protocolos médicos, del ejercicio individual de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud u otros obstáculos de facto. En este sentido, este organismo internacional insto al Estado argentino a asegurar que todas las mujeres y niñas puedan acceder a los servicios de salud reproductiva en todas las regiones del país y que las barreras legales, el ejercicio de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud y la falta de protocolos médicos no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su salud en riesgo. [4]

Por su parte, el Comité CEDAW en su última evaluación a la Argentina manifestó su preocupación por la frecuente negativa de médicos a practicar abortos legales por razones de conciencia, e igualmente instó al Estado a definir y aplicar requisitos estrictos de justificación para prevenir el uso general de la objeción de conciencia por parte de los/as médicos/as que se niegan a practicar abortos.[5]

Por estas razones basadas en la justicia social y como personas y colectivos comprometidos/as con la defensa de los derechos humanos en un ámbito plural y democrático que hemos forjado en nuestro país, solicitamos a las y los diputados/as de la Nación integrantes de las comisiones mencionadas, rechazar de plano la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo Nacional, en virtud de la afectación directa y cabal a los derechos fundamentales que tal iniciativa implica para amplias franjas de la población argentina, en especial, para las mujeres, niñas/os y adolescentes, así como toda persona que no adhiera a culto alguno.

[1] En este sentido vale remarcar el compromiso asumido por el Estado argentino al suscribir el Consenso de Montevideo en la Primera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, donde los Estados de la región “Reafirma[n] que la laicidad del Estado es también fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la profundización de la democracia y la eliminación de la discriminación contra las personas”

[2] Art. 3 CPD Principios Generales: Reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, o) Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente (…).

[3] Informe del Relator Especial de ONU sobre el derecho a la educación, Vernor Muñoz, -A/65/162- 23 Julio de 2010.

[4] Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Argentina, publicadas el 10 de agosto de 2016. CCPR/C/ARG/CO/5

[5] Observaciones Finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina, publicadas el 25 de noviembre de 2016. CEDAW/C/ARG/CO/7).

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Novedades Proyecto De Ley de Financiamiento De CyT

Estimada/Estimado Colega

Hoy fue una gran jornada en la Comisión de Ciencia y Técnica de la Cámara de Diputados de la Nación. Con gran participación de científicos de todo el país, y la entrega de las 2650 firmas, se acompañaron las iniciativas de varios diputados tendientes a sancionar una ley que garantice el financiamiento estable y creciente del sistema de CyT.

Hubo dos instancias importantes de debate y exposición. Una previa al ingreso de todos los diputados y una en presencia de los mismos. Varios miembros de CyTA y de otros colectivos expusieron las razones y argumentos que sustentan la necesidad de invertir una fracción significativa del PBI en CyT. Quedó claro que sin esta inversión nuestro país no puede desarrollarse y alcanzar niveles mayores de bienestar para su pueblo. Tenemos el agrado de informar que con 20 firmas de diputados de distintos bloques, hubo despacho favorable de la Comisión de CyT (con disidencias parciales de los diputados del PRO), sobre el proyecto presentado  por el diputado De Pedro (FPV), que se puede leer en este link http://bit.ly/2rWLTAA .

Consideramos que este es un logro muy  importante no sólo para revertir las políticas de ajuste sino para garantizar un financiamiento y crecimiento sostenido del sistema. El trámite deberá seguir en otras dos comisiones: Peticiones, Poderes y Reglamentos, y  Presupuesto y Hacienda, antes de ir al plenario.

Compartimos la cobertura de la actividad de Página 12 y del Portal Notas – Periodismo Popular .

Les agradecemos a los que acompañaron con su firma esta iniciativa.

Grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA)
Investigación y Desarrollo para la Inclusión

Miembros: Adrián Paenza; Alberto Kornblihtt; Ana Franchi; Andrea Gamarnik; Andrés Kreiner; Carolina Mera; Daniel Filmus; Diego Hurtado; Diego Tatian; Dora Barrancos; Eduardo Dvorkin; Emmanuel Alvarez Agis; Federico Robledo; Felix Requejo; Fernanda Beigel; Graciela Morgade; Hugo Aimar; Jorge Aliaga; Jorge Geffner; José Paruelo; Juan Pablo Paz; Luis Alberto Quevedo; Marcelo Ruiz; Marisa Herrera; Mirta Susana Iriondo; Noé Jitrik; Osvaldo Uchitel; Pablo Nuñez; Raquel Chan; Roberto Salvarezza; Rolando González-José; Sandra Carli

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Video Adrián Paenza. “Por una Ley de financiamiento de la Ciencia y la Tecnología”

Adrián Paenza cuenta porqué apoya el tratamiento de una Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Técnica.

 
https://youtu.be/wyHmb-d1ss0


Investigadores repudian el ajuste en ciencia y reclaman una ley de financiamiento

Ante la crítica situación que vive hoy el sistema científico-tecnológico nacional, consecuencia del ajuste presupuestario que viene sufriendo hace 18 meses, este martes a las 16hs se convocarán un conjunto de científicos, referentes de organismos del sector, investigadores y becarios de todo el país, en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Durante la reunión se debatirán una serie de proyectos vinculados al financiamiento del área.

“El sistema científico nacional fue uno de los primeros sectores perjudicados por el ajuste que está llevando a cabo el gobierno nacional. Disminuyeron las vacantes ​para el ingreso a la carrera del​ investigador por parte de jóvenes investigadores y se redujeron los flujos de fondos adecuados para la ejecución de proyectos” sostienen los referentes de la ciencia argentina.

En este contexto, los científicos e investigadores junto a diputados y senadores del Frente para la Victoria-PJ impulsan varios proyectos de ley que tienen por finalidad salvaguardar el desarrollo del sistema científico-tecnológico nacional y garantizar​ la inversión estatal en ciencia, tecnología e innovación. Específicamente, promueven una ley de financiamiento que destine un porcentaje del producto bruto interno (PBI), cuyo incremento sea gradual hasta el año 2030 a favor de este sector esencial para el desarrollo del país.

La convocatoria es para el Martes 27 de junio del corriente año, a las 16 horas (Sala 1, 2° Piso, Edificio Anexo Diputados) donde los investigadores y científicos expondrán el estado de situación de la ciencia y tecnología en la Argentina y posteriormente, participaran de la reunión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de las 17:30 hs en donde los diputados debatirán dichos proyectos.

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Martes 27/06 – Reunión Comisión de CyT de Diputados – Entrega de adhesiones a Ley de Financiamiento

“Por una Ley de financiamiento de la Ciencia y la Tecnología”       Investigadores repudian el ajuste en ciencia y reclaman una ley de financiamiento

Martes 27 de junio del corriente año, a las 16 horas (Sala 1, 2° Piso, Edificio Anexo de la H. Cámara de Diputados)

Ante la crítica situación que vive hoy el sistema científico-tecnológico nacional, consecuencia del ajuste presupuestario que viene sufriendo hace 18 meses, este martes a las 16hs se convocarán un conjunto de científicos, referentes de organismos del sector, investigadores y becarios de todo el país, en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Durante la reunión se debatirán una serie de proyectos vinculados al financiamiento del área.
“El sistema científico nacional fue uno de los primeros sectores perjudicados por el ajuste que está llevando a cabo el gobierno nacional. Disminuyeron las vacantes ​para el ingreso a la carrera del​ investigador por parte de jóvenes investigadores y se redujeron los flujos de fondos adecuados para la ejecución de proyectos” sostienen los referentes de la ciencia argentina.
En este contexto, los científicos e investigadores junto a diputados y senadores del Frente para la Victoria-PJ impulsan varios proyectos de ley que tienen por finalidad salvaguardar el desarrollo del sistema científico-tecnológico nacional y garantizar​ la inversión estatal en ciencia, tecnología e innovación. Específicamente, promueven una ley de financiamiento que destine un porcentaje del producto bruto interno (PBI), cuyo incremento sea gradual hasta el año 2030 a favor de este sector esencial para el desarrollo del país.
La convocatoria es para el Martes 27 de junio del corriente año, a las 16 horas (Sala 1, 2° Piso, Edificio Anexo Diputados) donde los investigadores y científicos expondrán el estado de situación de la ciencia y tecnología en la Argentina y posteriormente, participaran de la reunión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de las 17:30 hs en donde los diputados debatirán dichos proyectos.

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